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Chips e infraestructura

UE quiere triplicar la capacidad de sus centros de datos

La Comisión Europea propone al menos triplicar la capacidad de los centros de datos de la Unión Europea en los próximos cinco a siete años. La medida forma parte del Cloud and AI Development Act (CADA), un proyecto de reglamento que la Comisión publicó el 3 de junio de 2026. Es un plan, no una ley: la propuesta aún debe recorrer el proceso legislativo europeo.

El objetivo habla de capacidad, no de cantidad de instalaciones. Xataka lo subraya: no se trata de triplicar el número de centros, sino la potencia de cómputo disponible. La Comisión reconoce que lo frenan los largos trámites de permisos y el acceso limitado a energía, terrenos y financiación. CADA propone simplificar y acelerar esos permisos y el despliegue.

Quién se queda con el valor

Un informe de la Global Electronics Association y la consultora DECISION Études & Conseil, publicado el 17 de septiembre de 2026, mide la brecha capa por capa. Según el informe, las empresas con sede en la UE ganan 6 centavos de cada euro que se gasta en semiconductores para centros de datos en el mercado europeo, 7 centavos en fabricación y ensamblaje de servidores y 8 centavos en infraestructura cloud.

Xataka aclara un matiz: el estudio mide quién captura el valor, no dónde se produce el hardware. Que el valor quede en manos de empresas de fuera no implica que todo se fabrique fuera de la UE.

El mismo informe indica que, desde 2021, la demanda de la UE de sistemas de servidores crece 36% al año, frente a 20% de la fabricación dentro del bloque.

La nube: tres proveedores de fuera dominan

La propia propuesta de la Comisión sostiene que tres hiperescaladores (proveedores de nube de escala gigantesca) de fuera de la UE controlan más del 70% del mercado cloud europeo. Según Xataka, que cita ese documento, la cuota de los proveedores de la UE cayó de 29% en 2017 a 15% en 2022 y desde entonces se ha mantenido en ese nivel.

Como aclara Xataka, ese 15% no debe confundirse con el 8% del informe de la asociación: uno mide la cuota de los proveedores de servicios; el otro, el valor que capturan las empresas de la UE en la infraestructura cloud.

El caso Solvinity

Reuters reportó que el gobierno de Países Bajos bloqueó, en una decisión comunicada el 26 de mayo de 2026, la compra de Solvinity por parte de la estadounidense Kyndryl, valorada en 100 millones de euros. Solvinity aporta infraestructura al sistema de identidad digital DigiD, que los neerlandeses usan para acceder a datos médicos, de pensiones e impuestos. El gobierno invocó razones de interés público y, según Reuters, no detalló por qué la propiedad estadounidense era un problema. Kyndryl dijo estar extremadamente decepcionada con la decisión.

La respuesta de Bruselas

La Comisión presenta CADA junto con el Chips Act 2.0 como piezas complementarias. CADA incluye además un marco único de soberanía en la nube y la IA con cuatro niveles. El tercero exige que el proveedor sea propiedad y esté controlado desde la UE, aunque la Comisión podría reconocer a proveedores de terceros países. La Comisión también afirma que busca mantener abierta a los socios la gran mayoría del mercado.

Por qué te importa

Análisis de PrimixIA: CADA es una propuesta, así que mientras sea una propuesta no obliga a nadie ni tiene precio, y no hay información sobre su efecto directo en Latinoamérica. Aun así, conviene seguirla si tu empresa vende servicios de nube, hosting o IA a clientes europeos, o si almacena datos de ciudadanos de la UE.

El marco de soberanía está pensado para que organismos públicos europeos lo usen según su evaluación de riesgos. Si el texto se aprueba como está, los niveles más altos favorecerían a proveedores controlados desde la UE. El caso Solvinity muestra que la propiedad extranjera de infraestructura sensible ya puede pesar en una decisión de gobierno.

Qué sigue

La propuesta debe ser discutida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. No hay fecha confirmada para su aprobación ni para su entrada en vigor. Los detalles definitivos, incluidas las obligaciones concretas, pueden cambiar durante la tramitación.

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